Esta semana el Banco de España ha hecho pública la sanción que obliga al Banco Santander a pagar 485.000 € como consecuencia de incumplir sus obligaciones de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Esta sanción del Banco de España hace referencia a la obligatoriedad por parte de la entidad bancaria, en este caso el Banco Santander, de cumplir las medidas expuestas en el Código de Buenas Prácticas.

Así pues, según se expresa en el decreto, se deben tomar las medidas correspondientes desde el mismo momento en que el cliente acredite encontrarse en una determinada situación económica que le impide hacer frente a los pagos, y por tanto se encuentra dentro del umbral de exclusión.

Según se estipula en el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, se entiende que una persona está en situación de umbral de exclusión en los siguientes casos:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en materia de vivienda (incremento de la carga hipotecaria en al menos 1.5 veces)

c) Encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. Aquí podremos encontrar los siguientes supuestos:

  • Víctima de violencia de género en la unidad familiar.
  • Familia numerosa.
  • Unidad familiar monoparental con hijos a su cargo.
  • Unidad familiar con un menor de edad.
  • Unidad familiar en la que se alguno de sus miembros tenga una discapacidad mayor del 33 %, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite para la realización de cualquier actividad laboral.
  • La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

d) Que la cuota hipotecaria sea superior al 50 % de los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar. Aunque dicho porcentaje puede bajar al 40 % en ocasiones extraordinarias.

El último paso que se puede dar a través de este decreto es la dación en pago, en caso de que la reestructuración de la deuda no sea posible. Esta dación en pago será posible siempre que la reestructuración de la deuda sea inviable 12 meses después de solicitarla.

De este modo, no respetar el este código de buenas prácticas por parte de los bancos conlleva sanciones como la que se ha sido impuesta al Banco Santander, pero no resuelve los problemas que se ocasionaron a las familias que se vieron afectadas.

Si quieres saber más sobre la dación en pago, te dejamos una entrada de nuestro blog donde explicamos qué es y cuáles son los requisitos de la dación en pago.

Post: ¿Cuáles son los requisitos de la dación en pago?

Desde Defendo Abogados seguiremos prestando la mejor atención a nuestros clientes para que puedan resolver sus problemas hipotecarios con las entidades bancarias, y por supuesto, seguiremos con nuestra #GuerraALosBancos.

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